Hay que legislar, no se puede esperar a que los buitres que quieren explotar un bien esencial, amparado por la Constitución y la carta de los derechos humanos, se pongan a especular y estafar a los ciudadanos que necesitan alquilar. Los ciudadanos necesitamos saber con claridad lo que se puede hacer, y por que no se hace lo suficiente para prohibir por ley y acabar con la especulación en el mal llamado negocio del alquiler, que miedo puede haber en hacer cumplir la Constitución.
Toda vivienda vacía debe ser puesta, con las debidas garantías, en disposición de ser habitada mediante el pago de un arrendamiento justo. Corresponderá al Estado señalar la cantidad a pagar, que nunca excederá la mitad del salario mínimo (600 €) por una vivienda al uso ( cocina, baño, sala de estar y tres habitaciones). El arrendatario que no quiera alquilar, pagará al Estado un octavo del salario mínimo como impuesto mínimo de IBI (150 € mensuales). El Estado estará obligado a reformar y remover todas y cada una de las normas que impidan el cumplimiento de la ley. Las cantidades expresadas podrían subirse de una forma proporcional en base al número de habitaciones que excedan de la norma general.
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